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Reforma de ley para la mujer busca erradicar la violencia

09 de Diciembre  Publicado por: JCermeno Noticias


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La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer o niña como un acto de violencia basado en el género que genere daño o sufrimiento físico, sexual o mental, así como amenazas de tales actos, y la coacción o privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada.

Partiendo de estos principios en Venezuela fue promulgada en 2007 por el comandante Hugo Chávez, y reformada en los años 2014, en el período 2017-2020 de la Asamblea Nacional Constituyente y, recientemente por el nuevo Parlamento, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca erradicar la violencia de género, así como proteger a las víctimas.

La presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos, diputada de la AN, Asia Villegas, explicó a medios nacionales que la segunda reforma parcial de la ley orgánica sancionó nuevas formas de violencia como la política, informática y ginecológica.

Asimismo, establece la participación de las defensoras comunales en cada proceso judicial y extrajudicial de la violencia de género, lo que coloca a Venezuela en un alto nivel en Latinoamérica y el Caribe por la defensa de los derechos de la mujer en la región.
Desde el pasado 9 de noviembre, la propuesta del Ejecutivo presentada a través del Ministerio de la Mujer se comenzó a debatir en el seno del Poder Legislativo luego de ser introducida por el diputado Pedro Infante, y la misma, recoge las iniciativas de grupos sociales de mujeres y de debates hechos en la Asamblea Constituyente pasada.

Modificaciones legislativas

Con la aprobación de la reforma se modifican 32 artículos y se agregan 12 nuevos para una normativa con 138 artículos que contemplan como formas de violencia la vía informática o ciberacoso que consiste en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para divulgar material audiovisual, imágenes, datos y cualquier otra información de una mujer para ejercer violencia psicológica, acoso, hostigamiento, acoso sexual, violencia mediática, simbólica y política o cualquier otra forma.

En la reforma se expone en el numeral 19 que se considera violencia política contra la mujer su coacción, amenaza o cualquier otra forma de violencia, que límite, menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad en cargos de elección popular, función pública y en organizaciones con fines políticos, sindicales, educativos, culturales, deportivos, profesionales, asociaciones comunitarias, movimientos sociales y del Poder Popular.

También es una forma de agresión la ginecológica y se reconoce como aquella en donde surgen actos discriminatorios, degradantes y vejatorios de la dignidad femenina que hayan sido practicados por personal de salud, atentando contra la autonomía y sexualidad de una mujer, lo que se considera como un trato deshumanizado. Asimismo, se incluye la violencia étnica y cultural, y otros aspectos para fortalecer la educación sobre igualdad de género y la vulneración de los derechos de las mujeres.

Una de las novedades que trae la reforma es la no obligación de una víctima o sus familiares a entregar al agresor la notificación de citatorios con el fin de evitar la exposición.

Otra de las normas que prevé la legislación es la prohibición de mediación y conciliación como medios de resolución para hechos de violencia de género para que no sea necesaria la intervención de la parte afectada. De igual forma, los servidores públicos que no reciban denuncias o dejen de iniciar trámites de una agresión podrán ser sancionados hasta con ir a la prisión.

Se establece en la modificación del artículo 26 de la ley que el Ministerio con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz proveerá planes, programas y proyectos para la prevención, atención y abrigo de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas, así como a las agresoras.

Otro nuevo artículo en materia penitenciaria plantea establecer programas dirigidos a garantizar a las mujeres privadas de libertad el ejercicio de los derechos previstos en la ley, así como la creación y mantenimiento de los centros comunales de atención a las mujeres para la garantía integral de sus derechos humanos, según modificaciones en los artículos 26 y 29.

En el caso de las defensoras comunales de los derechos de la mujer estas deben surgir del Poder Popular y tendrán como función formar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres, brindar orientación y acompañamiento, ejercer contraloría social para garantizar el derecho y mantener comunicación directa con la Defensoría Nacional de Derechos de la Mujer.

La ley también tiene establecidas sanciones contra violencia como la psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, familiar, sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, patrimonial y económica; violencia institucional y simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes, femicidios, inducción o ayuda al suicidio.

Unidades de atención

La diputada Asia Villegas reiteró que una vez sea promulgada la legislación se ejecutará un plan de acción para divulgar la normativa, que en su artículo 33 agrega en el numeral 5 que en cada entidad federal se creará una unidad de atención a las mujeres víctimas de violencia por razones de género, que contarán con la participación de los órganos y entes competentes en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Estas instancias podrán crearse en el ámbito municipal y comunal.

Órgano al servicio de la mujer

De acuerdo con cifras emitidas por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, desde agosto de 2017 hasta febrero de 2021 hay 610 casos de femicidios, unos 720 casos de violencia contra la mujer fueron atendidos. Asimismo, informó que en lo que va del año el Ministerio Público recibió 31.496 denuncias de violencia contra la mujer, se presentaron 6.292 imputaciones, 5.734 acusaciones y se obtuvieron 499 sentencias condenatorias, además de otorgar 39.810 medidas de protección. Con esa realidad, entre las propuestas anexas a la reforma de la ley, se contempla la creación de la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que será un órgano del más alto nivel de gobierno, y estará coordinado por la Vicepresidencia Ejecutiva e integrada por representantes de los ministerios con competencia, el Poder Ciudadano y el Tribunal Supremo de Justicia.

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